Ação tenta fazer Anca devolver recursos

08/03/2009

Soraya Aggege SÃO PAULO.

Um dos casos de desvio de dinheiro público para os caixas do MST foi denunciado à Justiça Federal na última semana pelo Ministério Público Federal. A Associação Nacional de Cooperação Agrícola (Anca), considerada o braço legal do MST, recebeu, em 2004, R$3,8 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para formar dois mil alfabetizadores e alfabetizar 30 mil adultos. No entanto, distribuiu R$3.642.600 para as secretarias estaduais do MST e não prestou contas da real aplicação.

Além do dinheiro repassado ao MST, a própria Anca usou R$159 mil para “pagamento de diárias dos participantes de seminário nacional de avaliação”. Segundo o MP, no contrato firmado com o FNDE, do Ministério da Educação, não está previsto o uso da verba para esse tipo de atividade. “Tanto a descentralização dos recursos (da Anca para o MST) quanto a realização do seminário não estavam previstas no convênio”, adverte o Tribunal de Contas da União (TCU) em relatório elaborado em 2006, que serviu de base para a ação que o MPF ajuizou quarta-feira passada.

De acordo com o procurador da República Sérgio Suiama, o objetivo da ação de improbidade administrativa, é fazer com que a Anca devolva o dinheiro, pague multa e seja impedida de fazer contratos com o governo. O destino da verba entregue ao MST não é objeto de investigação. Segundo Suiama, centenas de ONGs receberam verbas dos convênios para o programa Brasil Alfabetizado. Algumas, como a da Igreja Renascer, estão sendo acusadas de desvio.

- Os convênios em si não são ilegais. O problema do programa é que ele nunca teve uma estrutura de fiscalização da aplicação do dinheiro. Tanto que, desde 2007, o próprio governo federal passou a fechar esses convênios apenas com as prefeituras, que são fiscalizadas pelos tribunais de contas - disse Suiama.

De acordo com o procurador, não há planos de se investigar o uso do dinheiro pelo MST, e nem indícios suficientes de irregularidades: - Para nós, não importa se a ONG é do MST ou não. A questão, para nós e para o TCU, é que a Anca e outras ONGs fizeram um convênio público e não conseguiram comprovar a destinação adequada do dinheiro recebido.

O procurador diz, na ação, que houve uma clara intenção da Anca e de seu presidente na época, Adalberto Floriano Greco Martins, de se beneficiar das verbas públicas em vez de executar o objeto do convênio: “A lesão ao erário federal é patente. A inexecução do convênio é inquestionável”, escreveu Suiama, na petição.

Em nota, a Anca negou qualquer irregularidade no convênio, e disse que tem como comprovar a execução do contrato. A entidade alega que já alfabetizou mais de 120 mil pessoas em assentamentos de sem-terra por todo o Brasil. No entanto, a entidade não explica sua vinculação com o MST nem o motivo dos repasses do dinheiro para o movimento, que não tem registro legal.

Carta de Bogotá

Bogotá, Colombia 4 de Marzo del 2009

Delegados de organizaciones defensoras de Derechos Humanos de Colombia, México, Brasil, Nicaragua, Perú, Paraguay, Bolivia y Guatemala, nos reunimos durante dos días para intercambiar diversas experiencias en la defensa de los Derechos Humanos en nuestros países.

A partir de esto afirmamos que en América Latina existen políticas de criminalización, entendidas como la implementación del conjunto de estrategias y acciones político jurídicas, por parte del Estado y/o los grupos de poder que lo sustentan, para colocar en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad a las comunidades, organizaciones y personas que luchan por el ejercicio y defensa de los derechos humanos y derechos de los pueblos establecidos en los marcos internacionales y nacionales.

Constatamos que el trabajo legítimo y legal que estamos realizando en nuestros países, se criminaliza a través de:

1. Difamación de nuestra labor en la defensa de los derechos humanos con campañas de estigmatización, con declaraciones falsas, acusándonos de delincuentes, asociaciandonos con grupos armados no estatales, de unión al narcotráfico, y de malversación de fondos entre otros. Uno de los canales para esta difamacion es el uso de algunos medios de comunicación.
2. Adecuación de marcos institucionales y legales para penalizar la protesta social y posibilitar la aplicación discrecional de la ley.
3. Persecución sistemática a través de procesos judiciales a los defensores y defensoras de derechos humanos que se fundamentan en hechos y pruebas falsas.
4. Fortalecimiento de grupos privados de ajusticiamiento que operan con altos niveles de permisividad.

Según los testimonios planteados en el seminario, hemos podido constatar casos emblemáticos como:

• En Perú, la empresa Majaz que ha denunciado por falsos cargos a 35 defensores de Derechos Humanos
• En Guatemala, en el mes de enero del 2009, fueron expedidas ordenes de captura en contra de Rubén de Jesús Aldana de la Asociación para la Defensa y Protección de la Montana de las Granadillas y Néstor Eduardo Álvarez Cabrera y José Pilar Álvarez Cabrera, de la Iglesia Luterana Guatemalteca, acusados de los delitos de coacción, instigación a delinquir y perturbación de la propiedad privada.
• En Guatemala, en septiembre del 2004, se expidieron ordenes de captura contra 9 líderes comunitarios que buscaban la reparación de daños y perjuicios que les ocasiono la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
• En Mexico, el 17 de abril el 2008, se presentaron 5 Detenciones arbitrarias y 10 ordenes de captura contra la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa. Durante el 2006, producto de las represiones en Oaxaca y Atenco, se generaron alrededor de 500 detenciones arbitrarias y actos de tortura. 13 de los detenidos de Atenco fueron absurdamente sentenciados a penas que llegan a hasta 112 doce anos de prisión.
• En Nicaragua, en octubre del 2007, 9 defensoras de derechos humanos de las mujeres, fueron acusadas ante el ministerio publico por asociación ilícita para delinquir y apología del delito del aborto.
• En Colombia el caso de la judicialización y captura de Carmelo Agamez y 16 de los líderes sociales de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra CVC¹ .
• Y la reciente orden de captura emitida contra una defensora mexicana participantes de este seminario.

En estos procesos de difamación y criminalización los Estados están violando los derechos humanos, de libre asociación, de libertad de expresión, derecho a la protesta no violenta, debido proceso y de garantías judiciales entre otros, generando retrocesos en procesos democráticos, destrucción del tejido social, desplazamiento forzado, desprestigio y destrucción de las organizaciones no gubernamentales que defienden y promueven los derechos humanos y poniendo en riesgo la vida e integridad física de líderes sociales y defensores.

La criminalización tiene como consecuencia en muchos casos violencia y represión sistemática contra las y los defensores de derechos humanos, que pueden terminar hasta en ejecuciones extrajudiciales por ejemplo:

• El Caso de Dorothy Stang quien el 12 de febrero de 2005 Brasil quien sufrió difamación, un proceso legal y finalmente fue asesinada.
• En México, el 13 de febrero del 2009 en la ciudad de Ayutla en el estado de Guerrero, fueron capturados por presuntos agentes de la Policía de investigación Ministerial, Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, quienes fueron encontrados asesinados con signos de tortura el día 20 de febrero e identificado por su familia el 22 de febrero.

Estos casos de violencia y represión directas en su mayoría quedan en la impunidad

Este constante acoso y violencia contra las y los defensores de derechos humanos nos demuestra la importancia y la necesidad de la labor que realizamos y nos plantea retos para la conformación de redes de apoyo y solidaridad, formas de denuncia permanente mecanismos de Atención psicosocial y jurídica, búsqueda de espacios de interlocución con los estados, Misiones observación e Interlocución con la comunidad internacional e incidencia en las políticas públicas.

Reconocemos como grandes progresos y logros en este tema.

• El avance que en los últimos dos años el gobierno boliviano ha tenido en esta materia.
• Proceso de judicialización al ex presidente Alberto Fujimori por violación a los derechos humanos durante su gobierno.
• Reconocimiento del trabajo de las organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos por parte de la comunidad internacional (corte interamericana, relatora especial para los derechos humanos, informe de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de las Américas)

Con estas acciones estamos seguros de aportar a la construcción democrática mediante acciones que reivindican los procesos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, la construcción de paz con justicia social y la dignificación de la vida de los pueblos.

En constancia de esto firman:

Yesica Sanchez Maya Sonia Gabriela Joo Domínguez

Consorcio, Oaxaca, México IDL, Peru

Alberto SOLIS CASTRO José Rodrigo Paniagua

Servicios y Asesoría para la Paz, México Fundación Tierraviva

Marvin Sical José Pilar Álvarez Cabrera

Adivima, Guatemala Iglesia Luterana Guatemalteca

Christiane Schulz Saúl Puerta

Obra Diacónica de Alemania AIDESEP, Perú

Karen Neumeyer Emilie E. Joly

Pan para el Mundo, Alemania Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF, Washington, EEUU

Fundación Comité de Solidaridad Movimento Atingido por Barragens

con los Presos Políticos, Colombia Brasil

Sociedade Paraense De Defensa Proceso De Articulación y Dialogo

de Direitos Humanos SDDH Brasil PAD Brasil

Movimento Nacional de Centro de Estudios Regionales Tarija,

Direitos Humanos ( MNDH ) Brasil Bolivia

CENIDH, Nicaragua Movimento Sem Terra, Sao Paulo, Brasil

Red Juvenil, Medellín, Colombia Corporación Compromiso, Colombia

Corporación Jurídica Libertad, Colombia Acin, Colombia

Corporación Colectivo de Abogados Corporación Colectivo de

José Alvear Restrepo, Colombia Abogados Luis Carlos Perez, Colombia

Organización Cavida, Colombia

Justiça condena 28 pessoas no Pará por trabalho escravo

A Justiça Federal de Marabá (PA) condenou criminalmente 28 pessoas acusadas de terem submetido trabalhadores rurais a situação análoga à escravidão. Essa é a primeira vez que o Judiciário brasileiro julga de uma vez um número tão grande de processos relativos a esse crime, de acordo com a ONG Repórter Brasil, que acompanha casos de trabalho escravo.

Cada um dos 32 processos foi julgado separadamente, mas eles foram analisados em sequência pelo juiz Carlos Henrique Haddad, numa tentativa de sentenciar os casos que estavam pendentes.

Dentre os condenados, há donos de propriedades onde os crimes foram flagrados, mas também há funcionários e os chamados "gatos" -os agenciadores de mão-de-obra.

As penas variam: alguns acusados foram sentenciados a dez anos de prisão, outros, a pouco mais de três anos. Cabe recurso contra todas as decisões.

Wilson Ferreira da Rocha, por exemplo, foi sentenciado em duas ações diferentes a um total de nove anos. Uma delas foi gerada por uma autuação de 2003, quando foram resgatados 23 trabalhadores que, sob condições degradantes, operavam fornos de carvão.

Sua fazenda, em Goianésia (PA), fornecia o produto para a Cosipar (Companhia Siderúrgica do Pará), que, em um acordo com o Ministério Público do Trabalho, pagou R$ 1 milhão de indenização em 2005.

Já o também condenado Walderez Fernando Barbosa, que poderá cumprir oito anos e três meses de prisão, é reincidente -em duas autuações, de 2004 e 2005, foram resgatados 17 trabalhadores.

No início da noite de ontem, a Folha não conseguiu localizar Barbosa e Rocha para comentarem as sentenças. Também não encontrou nenhum representante da Cosipar.

A ONG Repórter Brasil disse que esse tipo de condenação é rara e esparsa e que é impossível dizer quantas pessoas já foram condenadas, pois nem a Justiça Federal nem a dos Estados têm essa quantificação.

Apesar de as sentenças terem sido majoritariamente contrárias aos fazendeiros, em ao menos um processo Haddad criticou a atuação dos fiscais do Ministério do Trabalho -reclamação comum por parte dos proprietários flagrados.
Segundo o juiz, eles atuaram, "senão de maneira leviana e arbitrária, de forma equivocada" ao impedirem os suspeitos de falar no momento em que eles deveriam explicar a situação.

Os autos desse caso foram remetidos ao ministério, para averiguação da suposta conduta autoritária.

 

Fonte: Folha de São Paulo

Fernando Matos
"Crê nos que buscam a verdade. Duvida dos que a encontram." André Gide

Obra do PAC no Araguaia pode inviabilizar identificação de desaparecidos 

Marco Antonio Soalheiro 
Repórter da Agência Brasil  

Brasília - O presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão Pires Júnior, defendeu hoje (6) que o governo federal não permita o início da construção da Usina Hidrelétrica de Santa Isabel, no Rio Araguaia, antes que sejam identificadas e encontrados corpos de pessoas que foram mortas e desaparecidas na região durante a ditadura militar. 

A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A barragem da usina deve inundar uma área de 24 mil hectares de terras às margens do rio, onde, segundo Abrão, possivelmente estão escondidas ossadas de guerrilheiros do PCdoB. Parte da zona rural dos municípios de Ananás, Araguanã e Riachinho, no Tocantins, e de Palestina do Pará e Piçarra, no Pará, serão afetados.

"Não podemos permitir o represamento da obra do PAC no Araguaia antes da identificação de ossadas que precisam ser encontradas", afirmou Abrão, em seu discurso durantre a sessão especial da Comissão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, na qual serão julgados, ao longo do dia, 17 processos envolvendo mulheres vítimas da ditadura e parentes.

Segundo Abrão, as empresas que formam o consórcio responsável pela execução da obra devem ter a obrigação contratual imposta de, na análise de impacto ambiental, também promover a busca e o procedimento de arqueologia forense para a localização dos corpos.

"Após essa fase, que a obra seja realizada, mas sem pular essa obrigação fundamental, que é um dever histórico do Estado, instituído na própria Constituição Federal", argumentou Abrão.

A ex-militante comunista Iara Xavier reforçou o posicionamento de Abrão. "Lá [ na região do Araguaia] ainda estão sepultados combatentes que foram assassinados e até hoje suas famílias não tiveram oportunidade de lhes dar uma sepultura digna. Queremos que primeiro se esgotem todas as tentativas de localização para que depois se prossiga com a obra", ressaltou.

A obra, que tem projeto estimado em R$ 2 bilhões, será executada pelo consórcio Gesai (composto pelas empresas Vale, Camargo Corrêa, Billiton Metais, Alcoa Alumínio e Votorantim Cimentos). A usina terá capacidade para gerar 1.087 megawatts (MW) de energia elétrica. Abrão informou que o Ministério de Minas e Energia (MME) está em negociação com as empresas sobre as providências que deverão ser tomadas antes do alagamento de duas regiões que foram palco da Guerrilha do Araguaia.

Segundo a assessoria de imprensa do MME, a pasta ainda estuda alternativas jurídicas para que a condição desejada por setores do governo e movimentos de direitos humanos seja estabelecida.

Fernando Matos
"Crê nos que buscam a verdade. Duvida dos que a encontram." André Gide

Visão da CPT

Comissão Pastoral da Terra diz que Gilmar Mendes é parcial em questões fundiárias 

Ana Luiza Zenker 
Repórter da Agência Brasil  

Brasília - Em nota publicada hoje (6), o presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPT), dom Xavier Gilles de Maupeou d'Ableiges, acusou o ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de ser parcial no tratamento da questão dos conflitos agrários. "O ministro Gilmar Mendes não esconde sua parcialidade e de que lado está. Como grande proprietário de terra em Mato Grosso ele é um representante das elites brasileiras", diz a nota.

Dom Xavier Gilles fez críticas às declarações recentes de Gilmar Mendes, afirmando que o Poder Executivo comete ilegalidade ao repassar recursos públicos para movimentos sociais que cometem ilícitos. As declarações foram feitas à imprensa quando Mendes comentava as invasões feitas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no carnaval.

A nota também critica a recomendação do CNJ para que os tribunais dêem prioridade às ações sobre conflitos agrários. Apesar de afirmar que a medida era "mais do que necessária", o presidente da CPT diz que "causa estranheza" que ela tenha sido editada agora. "A prioridade pedida pelo CNJ será para o conjunto dos conflitos fundiários ou para levantar as ações dos sem terra a fim de incriminá-los?", questiona a nota.

De acordo com dom Xavier Gilles, as declarações de Gilmar Mendes "escancaram aos olhos da Nação" o fato de que o Poder Judiciário coloca o direito à propriedade privada da terra como absoluto "e relativiza a sua função social". "O Poder Judiciário, na maioria das vezes leniente com a classe dominante é agílimo para atender suas demandas contra os pequenos e extremamente lento ou omisso em face das justas reivindicações destes", conclui a nota de dom Xavier Gilles.

De acordo com a assessoria de imprensa do STF, o ministro Gilmar Mendes não vai se pronunciar sobre o assunto, porque está de viagem ao Egito.

Fernando Matos

"Crê nos que buscam a verdade. Duvida dos que a encontram." André Gide

Esse pessoal é muito contraditório

BBC Brasil

• Economist: Modelo econômico antiquado ajuda a proteger Brasil da crise
  

Alguns aspectos ditos antiquados da economia do Brasil estão agora ajudando a conter os estragos provocados pela atual crise mundial, diz a revista The Economist em sua edição desta semana.

Em reportagem intitulada "Colhendo os frutos da indolência", a publicação lembra que até pouco tempo atrás a influência "dominadora" do Estado sobre o setor financeiro vinha "atrasando" a economia brasileira.

"Mas nas novas circunstâncias, essas políticas lamentáveis repentinamente parecem distantes e deram à crise global uma cor diferente no Brasil", diz o texto.

"Outros países estão tentando descobrir como administrar bancos e crédito direto. Isso é algo que o Brasil fazia mesmo quando já estava fora de moda", afirma a revista. "Mas é um sinal dos tempos o fato de recentemente, em uma pesquisa sobre o Brasil, o (banco de investimentos) Goldman Sachs ter citado o envolvimento do Estado nos bancos como algo positivo."

Enfraquecimento

A Economist lembra, no entanto, que apesar de o Brasil ter sido poupado dos piores efeitos da crise global, a economia do país está se enfraquecendo. A revista cita o aumento de demissões na economia formal e a queda da produção industrial.

"O Brasil deve demorar a sair da crise, assim como demorou para entrar nela", decreta a reportagem.

Mas o texto ressalta que, se comparada com o que outras nações estão vivendo hoje, a economia brasileira atual ainda está em forma. "Dada a antiga tendência do Brasil de sofrer um ataque cardíaco cada vez que outras economias internacionais ficavam estressadas, a notícia é impressionante."

Para a revista, dois dos principais motivos para o Brasil ter melhorado nesse aspecto foi a dívida do setor público, que foi levada para abaixo da linha de 40% do PIB, e a reserva de US$ 200 bilhões para defender o real.

"Mas o mais importante é que a crise não está fazendo a inflação subir - o ponto-fraco congênito do país", diz o texto. "Isso permitiu que o Banco Central corte juros para tornar a dívida pública mais barata. Esta é a primeira vez que o Brasil consegue manter uma política monetária cíclica."

A revista entrevistou economistas brasileiros que preveem que os gastos públicos devem subir neste ano, por causa da proximidade das eleições presidenciais - o que deve aumentar o superávit primário.

"Em outras épocas isso assustaria o mercado, mas agora eles devem ter menos pânico, já que as finanças governamentais estão mostrando o mesmo grau de deterioração - ou pior."

Fernando Matos

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	04/03/2009

Justiça, estrangulada, asfixia o sistema carcerário

04/03/2009

A contar pelas conclusões do 2ºCongresso Nacional do Judiciário, que aconteceu no dia 17 de fevereiro, em Belo Horizonte, a Justiça vive um estrangulamento e, em consequência, exerce uma asfixia sobre o sistema carcerário. Segundo estimativa do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cerca de um terço de uma população carcerária de 446 mil detentos, ou seja, 147 mil desse total, está presa indevidamente, "ou porque já cumpriu pena, ou porque não deveria ter sido recolhido". Do total de presos, 191 mil estão sob prisão provisória.

Segundo disse o juiz Erivaldo Ribeiro dos Santos no mesmo encontro, em 11 Estados o número de presos provisórios supera o daqueles que têm sentença condenatória. Em Alagoas, 77% dos detidos no sistema penitenciário são provisórios.

Embora essa não seja uma questão nova, é novidade que os juízes estejam assumindo, cada vez mais, as suas responsabilidades sob um sistema carcerário caótico, que hoje tem um déficit de 328 mil vagas. A relação entre os dois problemas é clara. Ao elevado número de presos provisórios no sistema, somam-se 67 milhões de ações em trâmite no país, sendo que de 40 milhões a 50 milhões desses processos foram distribuídos antes de 31 de dezembro de 2005.

Como nenhum preso provisório encontra-se nessa situação sem uma decisão judicial, atesta-se uma tendência generalizada da Justiça de optar pelo encarceramento mesmo sem uma sentença definitiva. Isso coloca o Brasil entre os países com maior taxa de encarceramento - na América Latina perde apenas para o Chile e para o Panamá, num mundo onde ocorre uma discussão cada vez mais intensa sobre a capacidade do sistema carcerário de promover a recuperação dos criminosos, da forma como está constituído.

Aí entra a responsabilidade do Estado, que não tem conseguido separar os presos provisórios dos definitivos, nem os presos de alta e baixa periculosidade. Os presídios, sobrecarregados por lentos processos judiciais, por baixos investimentos do Estado e pela prevalência da filosofia de que a prisão apenas protege a sociedade dos criminosos, mas não tem a obrigação de ressocializá-los, assumem a vocação de escolas de crime.

Como essa é uma questão complexa e envolve a responsabilidade de diversas instituições e atores sociais, uma solução depende da inter-relação e cooperação entre eles. O presidente do STF sugeriu como meta aos juízes presentes no encontro que se julgue, até o final do ano, as ações distribuídas até 31 de dezembro de 2005. É possível duvidar da viabilidade da proposta de Mendes, levando em consideração que, em 2007, foram julgados 20,4 milhões de processos. É preciso que se proporcione aos juízes condições práticas para que realizem a parte que lhes cabe nesse esforço, sem imaginar que o Judiciário, nas condições atuais, pode fazer uma mágica e, de repente, livrar todos os presos indevidamente no sistema carcerário. Também não se pode depositar esperanças na eficiência de um sistema judicial que tem manifestado uma tendência à concentração nas mãos da mais alta Corte, com condições limitadas para exercer rapidamente a última palavra nesses milhares de processos. Mas, de qualquer forma, deve-se elogiar o fato de que o Judiciário, enfim, tenta assumir a sua parcela de responsabilidade sobre o problema.

No início desse mês, o STF, por sete votos a quatro, decidiu que a execução da pena só pode ocorrer quando a sentença transitar em julgado. Esse seria o outro extremo da realidade de hoje, se entendida ao pé da letra: abolir simplesmente a prisão preventiva. Mendes diz que isso não é verdade, mas que ela ficaria limitada a presos provisórios cuja detenção não careça de fundamentação jurídica. Se esse entendimento for assumido em todos os níveis de Justiça, os juízes seriam obrigados a imprimir maior agilidade nas suas decisões, uma vez que apenas poderiam executar a pena após o trânsito em julgado da sentença, isto é, a condenação em última instância. Somente o futuro dirá do acerto da decisão do STF. E ela só será eficiente se acompanhada de medidas efetivas que imprimam maior agilidade ao sistema.

Fernando Matos

"Crê nos que buscam a verdade. Duvida dos que a encontram." André Gide